Tercer Consenso Federal
en Administración Pública

La profesionalización sigue siendo un punto de partida. No hay administración pública democrática, eficaz y orientada al interés general sin personas dedicadas al servicio público, formadas para gestionar políticas, cuidar bienes comunes y asesorar con solvencia a los gobiernos elegidos por la ciudadanía.

El Primer Consenso lo expresó con precisión al proponer una agenda de concursos abiertos, carreras administrativas con estabilidad conforme a la Constitución, formación continua y la idoneidad en el desempeño de la función, planeamiento de las dotaciones para evitar desbordes sin que falte ni sobre nadie, un funcionariado directivo profesionalizado, entre otras. Ese trípode (estabilidad y carrera, ingreso por concursos abiertos e igualdad en el acceso) sigue siendo la base irrenunciable de cualquier reforma del servicio civil, por lo que la agenda conserva plena vigencia y no significa construir una administración cerrada sobre sí misma. Significa contar con equipos capaces de ejecutar los mandatos democráticos con legalidad, continuidad, memoria institucional y calidad técnica.

Se trata de afirmar que el empleo público profesional es una capacidad estratégica del Estado. Sin trabajadores y trabajadoras con derechos, formación, carrera, evaluación, condiciones dignas y compromiso con el interés general, las políticas públicas se vuelven frágiles, discontinuas y desiguales. La administración pública necesita conservar y atraer talento con vocación de servicio y compromiso democrático, en especial de las jóvenes generaciones y nuevas ocupaciones y especialidades requeridas. En particular, la incorporación de competencias digitales y de gobernanza de datos en los perfiles ya existentes es hoy tan urgente como la incorporación de nuevos perfiles tecnológicos.

La cuestión tecnológica ocupa otro lugar central. El Segundo Consenso advertía que la revolución tecnológica transforma procesos, estructuras y relaciones entre el Estado y la ciudadanía, y que la administración pública pretendida reclama apropiarse de herramientas como la automatización, la inteligencia artificial, el big data, la digitalización y la virtualización. Ninguna de estas herramientas será útil sin datos ordenados y gobernados bajo reglas claras, por lo que la gobernanza de datos es, en ese sentido, una capacidad estatal crítica.

El desafío no es incorporar tecnología por moda sino usarla para mejorar la vida de las personas, simplificar trámites, reducir tiempos, integrar información y acercar el Estado a la ciudadanía. Es crucial avanzar hacia la interoperabilidad de sistemas y entre jurisdicciones, y la automatización situada y crítica de la gestión para hacer realidad los principios de “solo una vez” o de “ventanilla única” impulsando que cada organismo, provincia, o gobierno local se integre de manera efectiva.

La relación con la ciudadanía debe ser multicanal por lo que no alcanza con digitalizar sino ofrecer alternativas accesibles para quienes, por distintas razones, necesitan acompañamiento presencial evitando inequidades inaceptables. La innovación tecnológica hace a la soberanía del país, con control público, ciberseguridad, transparencia algorítmica, accesibilidad y cultura organizacional de servicio.

El fortalecimiento del Estado requiere enfrentar con decisión la corrupción, la captura, el uso privado de lo público, la criminalidad organizada. El Primer Consenso ya advertía que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de gestionar recursos, bienes e información de todos, evitar la cooptación por poderes fácticos, sectoriales y particulares, impedir el derroche y actuar con imparcialidad.

No hay buena administración pública sin integridad. No hay confianza ciudadana sin reglas claras. No hay profesionalización sostenible si los sistemas de compras, contrataciones, designaciones, subsidios, transferencias y controles quedan sometidos a discrecionalidad, captura de grupos o intereses particulares.

La ética pública no puede reducirse a declaraciones generales. Debe traducirse en regímenes efectivos de incompatibilidades, prevención de conflictos de interés, transparencia en compras estatales, trazabilidad de decisiones, control de gestión y rendición de cuentas.

El cuarto eje es la planificación estratégica de los recursos públicos. Nuestro país no solo enfrenta escasez de recursos financieros. Además, enfrenta problemas en la asignación, coordinación y uso de recursos administrativos, tecnológicos, así como también de monitoreo y evaluación de políticas y programas.

El Primer Consenso había propuesto planificar estratégicamente los planteles de personal. En este Consenso se amplía al conjunto de recursos que hacen posible la acción estatal según un orden de prioridades surgido del análisis sistemático, capaz de anticipar necesidades y crisis, evitar duplicaciones y sostener políticas más allá del calendario inmediato. La evaluación de políticas y programas forma parte de ese proceso, ya que permite conocer qué funciona, para quién y a qué costo, generando aprendizajes, correcciones oportunas y rendición de cuentas. El conjunto requiere de sistemas institucionalizados y no esfuerzos aislados.

También implica una perspectiva federal. Las políticas públicas estratégicas del país requieren la intervención de Nación, provincias y municipios, así como la participación de actores sociales, productivos, sindicales, académicos y profesionales. La coordinación no es un lujo técnico: es una condición para utilizar racionalmente recursos escasos y lograr que las respuestas estatales sean efectivas, incluso recuperando y potenciando espacios de trabajo federal que constituyen antecedentes concretos sobre los que este Consenso puede apoyarse.